#SinJusticiaNoHayFuturo

La reforma del Código Procesal Penal que impulsa el kirchnerismo es una estrategia para protegerse de las potenciales condenas judiciales que recibirán los gobernantes corruptos una vez que dejen el poder.

La reforma incluye la creación de 1734 nuevos cargos bajo la órbita de la Procuración General y la Defensoría General; y faculta a la procuradora Gils Carbó a decidir la forma en que se asignarán las nuevas causas a las fiscalías y la redistribución de las existentes. Demasiado poder concentrado, si tenemos en cuenta, además, que la procuradora es clave en el control y sanción de los fiscales, como hemos visto con lo sucedido hace unos meses al fiscal José María Campagnoli.

Por eso, estamos juntando firmas para todos los legisladores tomen conciencia y podamos evitar la creación de este escenario de impunidad.


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